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2009-03-16Ley de Vivienda Social aprobada
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Ludwig Loáisiga López | ||||||||||
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La Ley de Vivienda Social quedó aprobada ayer en su totalidad por la Asamblea Nacional, y estipula que los empleadores deberán enterar a sus empleados una indemnización adelantada para la compra de una casa, además que el subsidio estatal será presupuestado y que ningún movimiento ciudadano tendrá preferencia sobre los demás. La ley recibió el respaldo de diputados de todas las bancadas y se espera que sirva para superar un déficit de más de 750 mil nuevas casas que calculan los legisladores que existe en Nicaragua. El presidente de la Comisión de Infraestructura y Servicios Públicos de la Asamblea Nacional, Eliseo Núñez Hernández (Alianza Liberal Nicaragüense, ALN), indicó que cada año los empleadores deberán aprobar el adelanto de indemnizaciones para la compra de viviendas sociales al menos al veinte por ciento del total de los trabajadores de la empresa. “No son adelantos, son derechos adquiridos. O sea, lo que tiene derecho el trabajador a pedir es lo que ya se ganó. Si vos ya tenés tres años, vos tenés derecho a que te den los tres años de indemnización y si tenés cinco años, tenés derecho a cuatro meses y diez días”, dijo Núñez Hernández. “Eso ya quedó aprobado y además de eso quedó aprobado que ninguna empresa tiene que otorgar (el adelanto de indemnización), si no quiere, a más del veinte por ciento del total de los empleados por año, o sea que no es el cien por ciento de los empleados los que van a pedir, porque van a quebrar a la empresa, sino que es el veinte por ciento”, añadió Núñez Hernández. El representante de ALN manifestó que si un empleado solicita y recibe el adelanto de indemnización, cuando deje de laborar en la empresa únicamente podrá percibir el diferencial que le corresponde. La vivienda de interés social, dice la ley, es aquella “construcción habitacional con un mínimo de espacio habitable de 36 metros cuadrados y un máximo de hasta sesenta metros cuadrados, con servicios básicos incluidos”, con un costo máximo de veinte mil dólares. Núñez Hernández comentó que para solicitar una vivienda de interés social, se debe tener un sueldo de al menos cuatro mil córdobas mensuales y se estima que la prima podría rondar los mil dólares. El proyecto de ley estimaba que, en promedio, la mensualidad por una vivienda de interés social sería de aproximadamente 150 dólares. El plazo máximo de los créditos será de hasta 25 años. La ley señala que dentro del conjunto de personas hábiles para ser beneficiadas con una vivienda de interés social, serán priorizados los jefes de familia y los que tengan mayor número de dependientes. El Estado otorgará a los beneficiarios un subsidio de hasta el tres por ciento sobre los intereses, según la ley. El representante de la Bancada Democrática Nicaragüense (BDN), Eduardo Montealegre, introdujo una iniciativa para que los subsidios sean incluidos en el presupuesto anual, con el propósito de que desde el parlamento se controle ese beneficio. “Todo subsidio debe pasar por la Asamblea Nacional, aprobado por la Asamblea Nacional y dentro del Presupuesto de la República, para que sea transparente, para así saber el subsidio que se da, no como sucede ahorita, que hay una gran cantidad de subsidio, exoneraciones, que nadie sabe cuánto es el monto”, dijo Montealegre. La ley también contempla crear un banco nacional de tierras y se permitirá a las autoridades la “declaración de utilidad pública de bienes inmuebles rústicos con fines exclusivamente habitacionales para programas y proyectos de vivienda de interés social se regirán de conformidad a lo establecido en la ley de la materia y demás leyes conexas”. NO SÓLO LOS CPC Un elemento que causó revuelo en la aprobación de la ley fue el temor de los diputados liberales de que únicamente los miembros de los progubernamentales Consejos del Poder Ciudadano (CPC) tuviesen influencia sobre los proyectos de viviendas sociales. El diputado Carlos Gadea introdujo una moción para aclarar que todos los movimientos ciudadanos serán atendidos por igual. Los diputados liberales denunciaron que reciben quejas de los ciudadanos respecto a que en las diferentes instancias públicas siempre les piden cartas de aval de los CPC para ser atendidos. “Está bien, porque (la moción de Gadea) aclara lo que ya en toda la ley estaba contenido. Nosotros peleamos duramente para que no se incorporaran allí a los CPC”, reveló ayer Núñez Hernández. El Instituto de la Vivienda Urbana y Rural (Invur) administrará y aplicará la nueva ley. La nueva ley también permite que se constituyan como “agentes productores de viviendas” las empresas privadas, los gobiernos locales o regionales, organizaciones comunitarias y organizaciones de la sociedad civil, no gubernamentales, gremiales, sectoriales y las iglesias. |
Mejoraron sus casas y aprendieron solidaridad
* Novedosas experiencias que merece multiplicarse
Ernesto Aburto M. / Colaboración
END - 07:18 - 02/03/2009
Recibir un crédito para mejoramiento habitacional, administrarlo eficientemente
y aplicar el esfuerzo propio de los beneficiarios (también llamado
autoconstrucción) con asesoría y acompañamiento técnico, es la fórmula mágica
para que ahora 375 familias pobres de Managua vivan con más seguridad,
comodidad y dignidad que antes, mientras pagan el préstamo recibido con
mensualidades e intereses que no les quitarán el pan de la boca.
Estas 375 familias pertenecen a un grupo mayor de 1,200 beneficiarios quienes
el pasado cuatro de noviembre en el centro de convenciones Plaza Inter
recibieron sus bonos crediticios del programa “Casa Mejor”, por un monto de dos
y medio millones de dólares que lanzó el gobierno de la República en octubre de
2008, durante su encuentro con los organismos no gubernamentales de todo el
país que trabajan en proyectos de vivienda social.
Este programa le fue encomendado por el presidente Ortega al secretario adjunto
del Conpes, Gustavo Porras, para que lo ejecutara en conjunto con la federación
de ONG denominada Red de Vivienda, y en este contexto el Movimiento Comunal
Nicaragüense (MCN), con su tendido de barrios, comarcas y pobladores a nivel
nacional, escogió a los primeros 1,200 beneficiarios para recibir bonos
crediticios de 700, de 1,200 y hasta de 1,500 dólares cada uno, según fuera su
grado de pobreza, sus necesidades reales y sus capacidades de pago.
Así las cosas, un ONG de la Red de Vivienda, el Centro de Promoción del
Desarrollo Local y Erradicación de la Pobreza (Ceprodel) escogió a un grupo de
375 beneficiarios para meterse de lleno al programa apoyando a estas personas
de manera completamente gratuita mediante capacitación en el uso de la
cuartilla de autoconstrucción, la impartición de charlas organizativas y el
aporte de diez albañiles expertos que acompañaron durante cuatro semanas
agotadoras el esfuerzo de cada familia, donde todos los miembros, inclusive los
niños al regresar de clases, aportaban lo suyo para el amarre del hierro, el
transporte de arena, la excavación de zanjas y otros menesteres y que así, los
albañiles pudieran avanzar más rápido en el llenado de vigas, el pegado de
bloques o el repello de paredes.
Todo esto lo asumió Ceprodel gracias al aporte específico del Centro
Cooperativo Sueco (CCS) por la suma de 140 mil córdobas, en tanto que el gobierno,
a través del Ministerio de la Presidencia, cubría el valor del bono crediticio
suministrando al costo los materiales de construcción, y simultáneamente, la
Caja Rural de Nacional (Caruna) se encargaba de aprobar y manejar los créditos
a cuatro años de plazo, con seis meses de gracia, a una tasa de interés del
cuatro por ciento anual.
En muchos casos, los beneficiarios entusiasmados hicieron uso de ahorros
personales y familiares para aumentar las áreas construidas o restauradas por
montos aun mayores de los que cubrió el bono del programa gubernamental.
Emulando a Ceprodel, y se espera que otros ONG también lo hagan, Hábitat para
la Humanidad también se acaba de sumar al esfuerzo de apoyar a los vecinos que
quieren mejorar sus viviendas con el citado programa oficial.
La vecina Silvia Almanza, una de las beneficiadas por el bono y la ayuda
técnica de Ceprodel, expresó que otras instituciones públicas y privadas
debieran impulsar esta clase de programas, y que si bien hubo diferencias entre
las necesidades reales de cada familia y el monto del crédito recibido, en
cambio, “todos descubrimos el significado del trabajo solidario y organizativo
como forma de aumentar los beneficios”.
Genoveva Medina, cuya familia entera participó en los trabajos de la casa,
expresó que la obra tuvo un fuerte impacto comunitario, ya que muchos vecinos
se acercaban a preguntar cómo habían hecho para mejorar la vivienda, y de qué
manera ellos también podían ser beneficiados.
Como saldo positivo y beneficio permanente de toda esta jornada, varios de los
diez albañiles que aportó Ceprodel tuvieron la inspiración de organizar una
cooperativa de constructores a fin de crecer en número y estar siempre
disponibles para trabajar en esta clase de proyectos.
De modo que ahora los albañiles Laureano Garmendia, Danilo Mairena, José Luis
Mejía Álvarez, Arnoldo Pasquier Robleto, Marcos Dávila, Manuel Bonilla, Oscar
William Pérez y Miguel Ángel García, también están motivados y dispuestos a
engrandecer la lista de más nicaragüenses comprometidos con el sueño
habitacional de los pobres.
Ley de Vivienda un Logro Nacional
PRIMERA LEGISLACIÓN DE ESTE GÉNERO EN CENTROAMÉRICA
Ley de Vivienda, un logro nacional
Ernesto Aburto
END - 21:37 - 25/02/2009
Colaboración
Tras haber sido aprobada en lo general el pasado martes 24 la Ley Especial para el Fomento de la Construcción de Vivienda y de Acceso a la Vivienda de interés Social en Nicaragua, o “Ley de Vivienda”, lo mismo que sus primeros tres capítulos, la Asamblea Nacional terminaría de aprobar hoy jueves la primera legislación de este género en la historia de Centroamérica.
Aprobar esa ley, localmente significa un gran avance de la política social en Nicaragua, porque según expertos, valida los derechos humanos y constitucionales en el campo de la vivienda.
Si bien el dictamen consensuado de la ley que terminaría de discutirse y aprobarse hoy no recoge todas las necesidades de los sectores sociales más necesitados de vivienda digna en Nicaragua, en cambio, la ley desencadenará una práctica social que terminará de enriquecerla y de hacerla cada vez más útil para erradicar el déficit habitacional del país.
Este déficit se estima en medio millón de viviendas nuevas y otras tantas que necesitan restauración, mientras cada año surgen 30 mil nuevas familias, y el sistema nacional de construcción de viviendas (urbanizadoras privadas), las soluciones del Invur y las cooperativas de autoconstrucción y ayuda mutua, apenas tienen capacidad para producir de siete a ocho mil casas nuevas por año.
Los organismos no gubernamentales que desarrollan programas de vivienda social (Red de Vivienda) así como el ONG Ceprodel, quienes empezaron a gestar este sueño legislativo desde 2002, con la posterior incorporación del Movimiento Comunal, esperan que el debate parlamentario de hoy tenga como eje central el bien común. Que la ley sirva para juntar a todos los nicaragüenses en beneficio de la solución del drama habitacional, y además, que marque el inicio para la construcción de un país mejor, y sirva de pauta para el enfrentamiento de otros problemas nacionales.
La ley, hasta lograr el amplio consenso del dictamen de la Comisión de Infraestructura y Servicios Públicos, que hoy termina de ser discutido en el Parlamento, articuló efectivamente a todos los sectores del país, desde la visión social y popular del Movimiento Comunal, hasta la visión empresarial de las cámaras de la construcción y de urbanizadores, por lo que su aprobación y promulgación deben ser objeto de una gran celebración nacional.
Es de reconocerse, como lo proclamaron en un pronunciamiento los gestores de la ley, la apertura de la Asamblea Nacional para reconocer el carácter popular de la ley y darle acogida, y “de invitarnos a las consultas para evacuar nuestras inquietudes dentro del proceso de formación legislativa”.
Además, la disposición del Invur por crear una iniciativa de consenso entre la Red de Vivienda y el gobierno, así como la voluntad del presidente de la república que personalmente asistió a la Comisión parlamentaria de Infraestructura para respaldar la iniciativa de ley.
Agregan que entre los aportes de esta nueva ley están el uso del suelo urbanizable, los mecanismos de participación ciudadana y el apalancamiento de los recursos del Estado con los del sector financiero para incentivar la construcción de viviendas de interés social.
Así mismo el rol de las municipalidades en los procesos de planificación, ordenamiento y gestión de financiamiento para orientar los procesos de construcción y reparación de casas, y la participación del sector privado, las ONG y el sector financiero para reactivar la economía nacional apoyando a este segmento del mercado con compromiso social y responsabilidad social empresarial.
Colaboración
Tras haber sido aprobada en lo general el pasado martes 24 la Ley Especial para el Fomento de la Construcción de Vivienda y de Acceso a la Vivienda de interés Social en Nicaragua, o “Ley de Vivienda”, lo mismo que sus primeros tres capítulos, la Asamblea Nacional terminaría de aprobar hoy jueves la primera legislación de este género en la historia de Centroamérica.
Aprobar esa ley, localmente significa un gran avance de la política social en Nicaragua, porque según expertos, valida los derechos humanos y constitucionales en el campo de la vivienda.
Si bien el dictamen consensuado de la ley que terminaría de discutirse y aprobarse hoy no recoge todas las necesidades de los sectores sociales más necesitados de vivienda digna en Nicaragua, en cambio, la ley desencadenará una práctica social que terminará de enriquecerla y de hacerla cada vez más útil para erradicar el déficit habitacional del país.
Este déficit se estima en medio millón de viviendas nuevas y otras tantas que necesitan restauración, mientras cada año surgen 30 mil nuevas familias, y el sistema nacional de construcción de viviendas (urbanizadoras privadas), las soluciones del Invur y las cooperativas de autoconstrucción y ayuda mutua, apenas tienen capacidad para producir de siete a ocho mil casas nuevas por año.
Los organismos no gubernamentales que desarrollan programas de vivienda social (Red de Vivienda) así como el ONG Ceprodel, quienes empezaron a gestar este sueño legislativo desde 2002, con la posterior incorporación del Movimiento Comunal, esperan que el debate parlamentario de hoy tenga como eje central el bien común. Que la ley sirva para juntar a todos los nicaragüenses en beneficio de la solución del drama habitacional, y además, que marque el inicio para la construcción de un país mejor, y sirva de pauta para el enfrentamiento de otros problemas nacionales.
La ley, hasta lograr el amplio consenso del dictamen de la Comisión de Infraestructura y Servicios Públicos, que hoy termina de ser discutido en el Parlamento, articuló efectivamente a todos los sectores del país, desde la visión social y popular del Movimiento Comunal, hasta la visión empresarial de las cámaras de la construcción y de urbanizadores, por lo que su aprobación y promulgación deben ser objeto de una gran celebración nacional.
Es de reconocerse, como lo proclamaron en un pronunciamiento los gestores de la ley, la apertura de la Asamblea Nacional para reconocer el carácter popular de la ley y darle acogida, y “de invitarnos a las consultas para evacuar nuestras inquietudes dentro del proceso de formación legislativa”.
Además, la disposición del Invur por crear una iniciativa de consenso entre la Red de Vivienda y el gobierno, así como la voluntad del presidente de la república que personalmente asistió a la Comisión parlamentaria de Infraestructura para respaldar la iniciativa de ley.
Agregan que entre los aportes de esta nueva ley están el uso del suelo urbanizable, los mecanismos de participación ciudadana y el apalancamiento de los recursos del Estado con los del sector financiero para incentivar la construcción de viviendas de interés social.
Así mismo el rol de las municipalidades en los procesos de planificación, ordenamiento y gestión de financiamiento para orientar los procesos de construcción y reparación de casas, y la participación del sector privado, las ONG y el sector financiero para reactivar la economía nacional apoyando a este segmento del mercado con compromiso social y responsabilidad social empresarial.
Ley de Vivienda deja fuera a los que ganan Salario Minimo
Ley de Vivienda deja fuera a los que ganan salario mínimo
Tania Sirias | tsirias@elnuevodiario.com.ni
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La próxima semana se aprobará en el Parlamento la Ley de Vivienda, la cual vendrá a beneficiar a muchos nicaragüenses, sin embargo, diversos organismos de la sociedad afirmaron que deja por fuera a trabajadores que sólo ganan un salario mínimo.
“Se debe brindar atención a los sectores de más bajos recursos y con empleos inestables, pues el Estado debe garantizar una vivienda digna para los pobres”, dijo el director del Centro de Promoción del Desarrollo Local, Ceprodel, Miguel González.
González señaló que la ley deja por fuera a la gente que gana menos de 200 dólares al mes, que son maestros, trabajadores de la zona franca y vendedores ambulantes, quienes no son sujetos de crédito en los bancos.
Según datos del Instituto de la Vivienda Urbana y Rural, Invur, existen 200 mil habitantes que ganan menos de 200 dólares al mes. En nuestro país se necesitan al menos 900 mil viviendas, pues en la mayoría de los hogares habitan de dos a más familias.
Formar comisión
La Ley de Vivienda establece que el Estado movilizará dinero en los bancos, a fin de que se puedan aprobar más préstamos de viviendas a personas con ingresos moderados.
El director de Ceprodel instó a que se forme una comisión institucional, donde participen las cámaras de vivienda, los bancos, las cooperativas, y que no sea el Gobierno el que tome solo las decisiones.
“Se debe establecer un convenio con los bancos y crear una tasa de interés fija, para que el crédito de vivienda social sea del seis por ciento”, señaló González.
Douglas Pérez, del Movimiento Comunal, afirmó que están demandando a la Comisión de Infraestructura y Servicios Públicos del Parlamento, para que se mejoren los planes de vivienda, establecer bancos de materiales y promover el mejoramiento en los barrios.
500 casas para este año
González comentó que este año tiene previsto, junto con diez cooperativas, la construcción de 500 viviendas en Juigalpa, San Carlos y Managua. Éstas tendrán un costo de ocho mil 500 dólares, con un subsidio del Invur de mil 500 dólares, que son parte de las bondades de la nueva ley.
Éstas tendrán un plazo a pagar en 20 años con cuotas de 50 a 80 dólares. “Las casas tienen 54 metros cuadrados y dos habitaciones.
Suscriben la Federación "Mirna Ugarte", Ceprodel y Coprenic
La organización femenina, nacida en 1998 como una opción de organización para las miles de mujeres que las políticas neoliberales dejaban "en la calle", como dice su dirigente, Sonia Aguirre, ahora pondrá a disposición de sus más de 10 mil afiliadas en todo el país los créditos habitacionales que gestiona Ceprodel.
Al mismo tiempo, también los bajos precios y la alta calidad de materiales de construcción que proveerá Coprenic mediante este convenio, todo lo cual permitirá emprender soluciones habitacionales a costos accesibles para estas mujeres que, en su gran mayoría, son cabezas de familia.
La Federación de Mujeres, según Sonia Aguirre, también trabaja contra el maltrato intrafamiliar y canaliza créditos de microfinancieras para actividades artesanales y de pequeño comercio. Además proveen defensa legal para sus socias que necesiten ese servicio, y operan ocho cooperativas que dan marco jurídico a las mujeres trabajadoras en la consecución de sus créditos.
Gamaliel López Blas, Gerente de Coprenic, declaró que ellos participan en todo proyecto de vivienda de interés social que se realice en el país, y que actualmente proveen los materiales para las viviendas populares que construye Tecnosa entre el antiguo Cine González y el Ministerio del Trabajo.
"Me satisface firmar este convenio --dijo por su parte el director ejecutivo de Ceprodel, licenciado Miguel González-- porque nos permite incidir sobre las necesidades básicas de la gente menos favorecida en este país. ¿Por qué si somos el país más grande de Centroamérica, con la mayor cantidad de recursos naturales y con los banqueros más agresivos de la región, si fuimos capaces de organizarnos para la guerra y nos organizamos para la Educación y la Salud… por qué no podemos organizarnos para la economía?, se preguntó.
González señaló que ejemplos como el de la Federación de Mujeres Trabajadoras "Mirna Ugarte" son dignos de reproducirse por todo el país, como muestra de que nuestro pueblo efectivamente puede ser capaz de organizarse para sacar adelante su propia economía nacional.
